El derecho a reparar se refiere a la capacidad de los consumidores de un bien a repararlo de manera autónoma. Aunque actualmente la Unión Europea cuenta con directivas para impulsar este derecho humano, la legislación actual no ha avanzado lo suficiente. En otras jurisdicciones, ayuntamientos como el de Portland (Estados Unidos) han iniciado campañas de cara a niveles administrativos superiores para garantizar que este derecho, que confronta radicalmente aspectos como la obsolescencia programada, permita alargar la vida útil de los bienes de la ciudadanía.