La propiedad municipal ofrece espacios, como pueden ser terrenos del ayuntamiento o las cubiertas de los edificios públicos, que permiten generar energía de una forma menos intensiva en emisiones de gases de efecto invernadero. Estas medidas ayudan tanto a ahorrar en la factura eléctrica del propio ayuntamiento como a mejorar su impacto climático. Las fórmulas legales para materializar este tipo de intervención son diversas. Por ejemplo, los ayuntamientos pueden producir y consumir directamente la energía, como es el caso de Canet d’en Berenguer, o pueden llegar a acuerdos con empresas donde parte de la energía producida por la compañía sea de titularidad municipal, como ocurre en Prat de Llobregat.
