Nuestra relación con la energía es clave para comprender la crisis del cambio climático. Según datos del sexto informe del IPCC (2022), el sistema de producción y consumo de energía es responsable del 34% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Ésta es, por tanto, un área prioritaria para la mitigación del cambio climático.
Sea cual sea la fuente primaria, la utilización de energía tiene inevitablemente asociadas emisiones de GEI. Las emisiones se pueden dar tanto por la quema directa de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural, etc.) o biomasa (madera, rastrojos, pellets, etc.) como por los procesos de producción de instalaciones que transforman, almacenan o transportan energía. Según el IPCC (2022), este segundo tipo representa el 29% de las emisiones globales de GEI asociadas a la producción y el consumo de energía. Por lo tanto, además de una transición hacia la producción de energías más sostenibles, las estrategias para mitigar el cambio climático deben estar orientadas a la reducción de las necesidades energéticas.
Las entidades locales tienen competencias para influir en la producción y el consumo de energía. Por ejemplo, los ayuntamientos cuentan con competencias para apoyar la producción descentralizada de energías renovables, para reducir el uso de energía en la infraestructura pública y para incentivar el ahorro y la eficiencia energética. Es más, estas medidas pueden mejorar aspectos más allá del medioambiental y asegurar modelos energéticos que generen empleo, promuevan la participación ciudadana, luchen contra la pobreza energética y reviertan beneficios económicos en el territorio.
Referencias
